NUEVO CÓDIGO URBANO PONE FIN A UNA NORMATIVA MARCADA POR MÁS DE 19 AÑOS DE VIGENCIA

 
El 8 de diciembre del presente año, entrará en vigencia el nuevo Código Urbano, con Registro Oficial emitido en septiembre de 2017. Este instrumento técnico y normativo permitirá orientar el desarrollo y las acciones específicas del Municipio de Riobamba, en materia de planificación urbana y ordenamiento territorial
 
El Código Urbano anterior fue desarrollado en 1998, sustentado en las necesidades urbanas de esa temporada. La planificación urbana de Riobamba, así como gran parte de su normativa relativa a la gestión de suelo y de la edificación, fungía bajo una normativa marcada por más de diecinueve años de vigencia. 
 
Según un amplio análisis cumplido por el Municipio, se determinó su escasa operatividad y eficacia, en relación al cambio de estructura jurídica y administrativa del Estado.
 
Con el afán de solventar los requerimientos actuales en cuanto a normativa urbanística, planeación, gestión y tramitación, el Cabildo propone la actualización de normas urbanas estratégicas, la generación de nuevos procesos y la derogatoria de ordenanzas para reemplazarlas por un nuevo ensamble legal.
 
“No podíamos permitirnos continuar operando bajo un sustento ideológico de hace 19 años, completamente desactualizado y alejado de los lineamientos de normativas legales vigentes en materia de ordenamiento territorial. El nuevo Código Urbano pretende convertir a Riobamba en una ciudad integrada, policéntrica, plural y saludable”, dijo Napoleón Cadena, alcalde.
 
Esta acción permitirá que el usuario y el funcionario municipal cumplan con los procesos de celeridad y eficacia que la administración pública requiere, en concordancia con los lineamientos principales del Cabildo.
 
Esta nueva Ordenanza motiva la aplicación de principios y reglas que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial municipal, en lo que respecta a normas cantonales para el uso, gestión, ocupación y aprovechamiento del suelo. Se trata de un cuerpo de directrices que regula los aspectos relativos a la organización del tejido urbano y la distribución de usos del suelo, entre otras temáticas. 
 
La finalidad es lograr un desarrollo equitativo y equilibrado del territorio, que propicie el efectivo ejercicio de los derechos a la ciudad, a la soberanía alimentaria, a un hábitat adecuado, a la vivienda, a la naturaleza y al vivir en un ambiente sano y libre de contaminación en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad.
 

ESTRUCTURA

 
El nuevo Código Urbano se compone de siete libros: Régimen del suelo; plan de uso y gestión del suelo; habilitación y control del suelo y la edificación; normas de la arquitectura, urbanismo y construcción; manejo y gestión del espacio público; gestión de riesgos y régimen sancionador.
 
El nuevo Código Urbano considera el aumento de tres kilómetros cuadrados del límite urbano, en función a los sistemas públicos de soporte, urbanizaciones y subdivisiones aprobadas, reducción de riego en cuanto a la determinación de nuevas zonas de seguridad.
 
Toma en cuenta además las zonas de planeamiento, es decir, aquellas áreas definidas a partir de su conformación especial homogénea, que, en virtud a su singularidad y morfología, cuentan con la asignación de un tipo de norma de uso y aprovechamiento específico.
 
En cuanto a la zona rural, se aborda la clasificación del suelo en cuanto a protección y conservación, aprovechamiento extractivo producción agropecuaria y expansión urbana.
 
En el año 2010, la Ley de Régimen Municipal fue derogada y reemplazada por la Ley COOTAD, situación que marcó varios cambios en materia de ordenamiento territorial que, en relación al Código Urbano anterior marcaba desajustes. El nuevo Código Urbano dispone la derogatoria de 14 Ordenanzas.
 
El nuevo Código Urbano cumple con las exigencias de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Se adapta también al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (instrumento complementario) y, recoge criterios de la Normativa Nacional Vigente en materia de Ordenamiento Territorial 
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